El fiscal a cargo de la investigación de la causa AMIA, Alberto Nisman, reclamó que la presidenta Cristina Kirchner y su canciller, Héctor Timerman, sean indagados por la Justicia bajo la acusación de querer encubrir a Irán por el atentado a la AMIA y "fabricar la inocencia" de los ex funcionarios iraníes involucrados en el ataque.
El pedido de indagatoria, que incluye un pedido de embargo de 200 millones de pesos sobre los bienes de los imputados, se extendió al diputado y jefe de La Cámpora, Andrés Larroque; el líder piquetero Luis D'Elía; el jefe de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche; a un ex juez de instrucción que trabajó para la ex SIDE Héctor Yrimia, y a un encumbrado agente de Inteligencia que trabaja con la jefa del Estado.
Cristina Kirchner es el segundo presidente que enfrenta una acusación por querer encubrir a Irán. Carlos Menem ya está procesado por eso y está a la espera de que el Tribunal Oral Federal N° 2 le ponga fecha al juicio en su contra.
Nisman presentó su denuncia ante el juez federal Ariel Lijo, el mismo que procesó al vicepresidente Amado Boudou, porque es el magistrado a cargo de las irregularidades en la investigación de la causa AMIA. La jueza Servini de Cubría es quien cubre a Lijo durante la feria judicial. La magistrada decidirá hoy si entiende que es competente, si es un tema de feria y si le manda la denuncia a un fiscal para que impulse el caso. Todo hace pensar que esperará a febrero.
La denuncia, de 300 páginas, es durísima. El fiscal difundió una síntesis para no revelar los nombres de los agentes acusados. Pero incluye escuchas telefónicas que revelan que la Presidenta hablaba con un agente de la ex SIDE de su confianza o con "el Cuervo" Larroque y que éstos ponían en conocimiento de D'Elía o Esteche esas órdenes. Y D'Elía las comunicaba al supuesto agente iraní Alejandro Yussuf Khalil, que llamaba por teléfono a Irán a Mohsen Rabbani, uno de los prófugos del ataque.
Nisman sostiene que Cristina Kirchner negoció levantar las acusaciones contra Teherán para poder comprarle petróleo barato a cambio de granos y para eso acordó montar una pista falsa en la que se acusara a grupos "fachos locales", de modo de fabricar la inocencia de Irán. Incluso se habló de que Irán comprara armas. En la denuncia, se señala que "la confabulación criminal fue decidida por Cristina Kirchner y puesta en funcionamiento por Timerman".
El fiscal sostuvo que se buscó un acuerdo comercial antes de la firma del memorándum con Irán, supeditado a que se levantaran los pedidos de captura internacional contra el ex ministro de Inteligencia Ali Fallahijan; el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai; el ex jefe de la fuerza Al Quds y ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi; el ex agregado cultural de la embajada iraní en la Argentina Mohsen Rabbani y el ex tercer secretario de la embajada Ahmad Reza Asghari. "El plan criminal se activó en enero de 2011, cuando Timerman viajó a la ciudad siria de Aleppo y secretamente se reunió con su par iraní, Ali Akbar Salehi, a quien le hizo saber que las autoridades argentinas estaban dispuestas a renunciar a la investigación del caso AMIA y a cualquier reclamo de cooperación y justicia, con tal de provocar un acercamiento y restablecer plenas relaciones comerciales entre ambos Estados."
El acuerdo se plasmó en el memorándum, pero se interrumpió ante la negativa de dar de baja las circulares rojas. Decayó entonces el interés de Irán en el pacto.
Nisman dijo que se estaban armando falsos culpables para endilgarles el atentado. Explicó que Esteche, de Quebracho, un grupo que siempre se sospechó ligado a la ex SIDE, le acercó al agente iraní Khlail al ex juez Yrimia, que había trabajado como fiscal en los albores del caso. Esteche dijo en una de las escuchas citadas: "Quieren construir un nuevo enemigo de la AMIA, el nuevo responsable de la AMIA, es una necesidad que tienen que construirla". La acusación relata reuniones del iraní con D'Elía y Esteche. Y le adjudica a Cristina Kirchner haber tomado las decisiones de poner en marcha el plan y seleccionar a quienes lo ejecutaran. "De la Sra. Presidente de la Nación Argentina, se probó haber emitido una expresa directiva para que se diseñara y ejecutara el plan de encubrimiento", dijo Nisman, y citó a los acusados que señalaron que todo está "cerrado muy arriba", todo había sido decidido "al más alto nivel" porque "lo pidió la jefa", y su canciller implementó el plan porque fue "orden, orden y orden".
Muchas de las acciones relacionadas con el plan, "por ser notoriamente delictivas", no podían ser ejecutadas por funcionarios y se recurrió a intermediarios. Para ello, dijo el fiscal, se valió de ciertos sectores de la ex SIDE, de D'Elía y, especialmente, de Larroque.
¿CÓMO SIGUE LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL? Denuncia. Nisman presentó su escrito en el juzgado de Ariel Lijo, donde tramita una causa por irregularidades en la investigación de la causa AMIA. En la feria judicial de enero lo reemplaza Servini de Cubría Feria. La jueza decidirá hoy si el asunto es perentorio y resolverá si habilita la feria para tomar medidas urgentes, como allanamientos o pedir levantar el secreto sobre agentes de la ex SIDE, como lo solicitó Nisman Competencia. También analizará si se queda con el caso o si lo manda a sorteo para designar un nuevo juez Impulso fiscal. El primer paso será enviar la denuncia a un fiscal para que le dé impulso y formalice las imputaciones
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Recuadro del editor: qué significa. La gravedad de las acusaciones del fiscal Nisman es enorme; sus consecuencias, aún inciertas, pero el tema sin duda marcará la agenda política.
Tensión en el Ministerio Público / Rebelión en las fiscalías
Los fiscales se plantaron ante Gils Carbó y calificaron su accionar de "peligroso"
Hasta ahora los fiscales federales se habían reunido en almuerzos casi secretos para mascullar bronca contra la procuradora Alejandra Gils Carbó. Planeaban estrategias de resistencia a sus avances. Intercambiaban ideas por WhatsApp, más seguro que el teléfono. Hablaban con periodistas para expresar su malestar, pero con el compromiso de que no fueran publicados sus nombres. Pero ayer salieron a dar la cara a través de una de las entidades que agrupa a una parte de ellos.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, una entidad que abarca a magistrados de un amplio espectro ideológico y entre cuyos asociados está incluso la propia Gils Carbó, salió a denunciar en un duro documento los "peligros" de las designaciones realizadas por la procuradora, el "daño nunca visto" que provocaron sus decisiones, los "oportunistas" traslados de fiscales que dispuso, los que, dijeron, "obedecen a intereses políticos".
"El Ministerio Público Fiscal es un órgano extrapoder que debe ser independiente del Poder Ejecutivo de turno, velando por los intereses de los ciudadanos, y no de un partido político o gobierno circunstancial", escribió la entidad. El texto está firmado por su presidente, Carlos Donoso Castex, un fiscal que supo tener buen diálogo con Gils Carbó; los vicepresidentes Ricardo Toranzos y Marcelo Munilla Lacasa, y la secretaria Susana Pernas.
La procuradora Alejandra Gils Carbó. Foto: A.Alvarez
La Asociación de Fiscales tiene unos 170 asociados y representa a cerca de la mitad de los 400 fiscales nacionales y federales. Hasta ahora había preferido el silencio y había recibido críticas de otros fiscales que los acusaron de "tibios". Pero ayer se despacharon con un profundo cuestionamiento a toda la gestión de Gils Carbó, a quien le habían dado su apoyo en el Senado cuando fue propuesta por la Presidenta.
Estas manifestaciones críticas se suman a las que ya hizo públicas la Asociación de Magistrados (entidad gremial que representa a los jueces y a los fiscales), que directamente dijo que la designación de fiscales subrogantes en 18 fiscalías de todo el país busca garantizar la "impunidad" de los funcionarios del Gobierno investigados por corrupción.
En cuatro carillas la Asociación de Fiscales cuestionó:
- el "exorbitante aumento" en la cantidad de empleados y funcionarios designados en la Procuración, en forma directa, sin requisito, sin concurso ni evaluación, mientras los fiscales a cargo de casos criminales deben elegir a sus colaboradores, no entre gente de su confianza, sino de una lista provista por la Procuración, donde figuran algunos de los que aprobaron un examen dentro del régimen denominado de "ingreso democrático" al Ministerio Público.
- que se tomó juramento a fiscales designados para ocupar cargos en Formosa, Santiago del Estero, Posadas, Goya, Corrientes y General Pico, que en lugar de ejercer los cargos donde fueron designados "han actuado como oportunistas" y fueron trasladados a Comodoro Py 2002, "lo que constituye una burla al sistema de designaciones y al Senado". Por este asunto, ya hay una denuncia contra Gils Carbó que presentó el senador radical Mario Cimadevilla, y el fiscal Guillermo Marijuan pidió indagar a la procuradora. Allí se acusa a los que aceptaron el cargo y a quien los designó. Dijo la Asociación que los "traslados de fiscales sin experiencia y recién designados" constituyen "ventajas indebidas y obedecen a intereses políticos ajenos a la independencia".
- el intento de destituir al fiscal José María Campagnoli y el desplazamiento del fiscal Carlos Ernst.
- los sumarios contra fiscales para presionarlos.
- los atrasos en los concursos viejos y los concursos exprés de esta gestión donde "casualmente" los elegidos trabajaban en la Procuración o habían sido designados como subrogantes por Gils Carbó.
- la "peligrosa" designación de fiscales subrogantes "sin necesidad o urgencia" que lo justifique, ya que no se dictaron las leyes necesarias para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal. "Estas designaciones demuestran improvisación y que tienen otros objetivos ajenos a la implementación del Código."
- nombrar dos fiscales en la Fiscalía de Cámara de modo de "limitar notoriamente" con funcionarios que no llegaron allí por concurso la actuación del fiscal Germán Moldes.
- "Se menoscaba e ignora a fiscales con años de carrera" que demostraron independencia para dar "enormes atribuciones" a fiscales sin experiencia, recién designados cuyos méritos en muchos casos parecen ser la afinidad de ideas políticas y no la capacidad profesional".
"Existe una politización en el Ministerio Público", denunciaron los fiscales en su documento que se parece a la descripción de hechos que antecede a una denuncia penal.
LAS QUEJAS ANTE LA PROCURACIÓN
Los fiscales cuestionaron las designaciones, los concursos y el favoritismo político
"Lo que se está viviendo dentro del Ministerio Público Fiscal de la Nación es algo nunca visto, que está generando un enorme daño a la institución y que será muy difícil de revertir en un futuro"
"Se nombraron una cantidad de empleados y funcionarios ampliando en forma exorbitante la estructura de la Procuración"
"Se ha tomado juramento a fiscales que fueron designados en Formosa, Santiago del Estero, Posadas (Misiones), Goya (Corrientes) y General Pico, y que en vez de ejercer los cargos para los que fueron designados actuaron como oportunistas y fueron trasladados para cubrir vacantes en Buenos Aires, lo que constituye una burla al sistema de designaciones y al Senado"
"Es muy peligrosa la gran cantidad de fiscales subrogantes que ha designado la doctora Gils Carbó durante su gestión"
"La designación de un gran número de fiscales generales como subrogantes sin ninguna necesidad o urgencia tiene otros objetivos ajenos a la implementación de un Código Procesal que aún no se aplica"
USINA DE JUSTICIA, CONTRA LA PROCURADORA
Usina de Justicia, un foro recientemente creado, envió una carta de respaldo a la Asociación de Magistrados para apoyar a los "hostigados por la arbitrariedad" de Alejandra Gils Carbó". Sostuvo que la procuradora "avanza a través de la ocupación de cargos clave en el Ministerio Público Fiscal con miembros del colectivo oficialista Justicia Legítima pretendiendo la impunidad en las investigaciones por corrupción". Integran la entidad Diana Cohen Agrest, Daniel Sabsay, María Zaldívar, Alejandro Fargosi, Daniel Roggero, Santiago Kovadloff y Patricia Terán, entre otros..
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