SAN PABLO. CORRESPONSAL - 23/01/14
El escenario más temido por el gobierno de Dilma Rousseff, en relación a la Copa del Mundo, es el que está por ocurrir este fin de semana. Jóvenes de los 12 estados que serán sede de los partidos convocaron a través de redes sociales a protestas contra el mega evento futbolístico. Según dijeron, miles de muchachos ya decidieron plegarse a la iniciativa prevista para este sábado a las 17. El tema mereció especial atención por parte de Brasilia y del oficialista Partido de los Trabajadores. El miedo es que una acción policial derive ya, bastante antes del Mundial, en violentos enfrentamientos.
Eso podría derivar en una reacción semejante a la vivida en junio del año pasado. Según algunos dirigentes del PT, estarían embarcados detrás de esas manifestaciones sectores de la oposición política, que buscarían enturbiar el posterior proceso electoral, en vistas a las presidenciales de octubre. De acuerdo con la prensa brasileña, el gobierno ya admite que habrá marchas antes y durante el Mundial de fútbol, que se inicia el 12 de junio. Pero una cosa son movilizaciones puntuales y otra es que la protesta adquiera dimensiones nacionales. Para evitar desmanes y obligar a los gobernadores de los 12 estados brasileños a comprometerse en una política de contención sin furia represiva, el ministro de Justicia Eduardo Cardozo se dispone a firmar los primeros días de febrero un acuerdo específico con los secretarios provinciales de Seguridad. También establecerá un diálogo con movimientos sociales como los Comités Populares de la Copa, que han cuestionado la forma en que se llevó adelante el evento y el dinero gastado en estadios.
Pero hay un segundo tema conflictivo para Brasilia en la organización de la seguridad en las ciudades donde tendrán lugar los partidos. El año pasado, el ministro de Defensa Celso Amorim firmó una resolución normativa del accionar de las Fuerzas Armadas frente a lo que definieron como “grave crisis de seguridad”. Tanto la Marina como el Ejército y la Aeronáutica podrán intervenir directamente en la represión, por un tiempo limitado y un espacio físico definido, con el fin de “preservar el orden público y la seguridad de las personas y del patrimonio” en situaciones en que se agoten los “instrumentos” constitucionales. Esto significa que deberán actuar si las fuerzas policiales fueran desbordadas. La medida, editada con el nombre de Operación de Garantía de la Ley y del Orden, menciona como actores de situaciones de eventual desestabilización a “fuerzas opositoras”, que son “personas, grupos u organizaciones cuya actuación comprometa la preservación del orden público”.
Esta disposición, que fue publicada oficialmente el 20 de diciembre pasado, podría implicar la militarización de las ciudades del Mundial como forma de prevenir posibles disturbios. En Brasil hay sobrada experiencia de la participación de las fuerzas militares en acontecimientos que han involucrado la presencia de jefes de Estado. En Río de Janeiro, por ejemplo, fueron las FA las que garantizaron dos grandes eventos. Uno en 1997, cuando el Papa Juan Pablo II visitó Brasil. Otra fue durante una cumbre que reunió a 49 presidentes y jefes de gobierno de América Latina y Europa, también en Río.
El director de Amnistía Internacional reveló al diario Estado de São Paulo preocupación por el hecho de que militantes contrarios a la realización del Mundial puedan ser objeto de persecución.
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