Mover primero: la estrategia de Milei para lucirse en el acuerdo con Europa

Tras veinticinco años de idas y vueltas, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ha entrado en su fase de definiciones, pero esta vez con una velocidad de crucero impuesta desde Buenos Aires. Mientras el Parlamento Europeo ensaya medidas dilatorias enviando el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) para revisar su legalidad, el gobierno de Javier Milei busca convertir a la Argentina en el "first mover": el primer socio del bloque en ratificar el tratado para forzar su puesta en vigencia provisional, tal como consignó Federico Pinedo, un alto funcionario de la Cancillería Argentina, a O Brasilianista. "Si la Argentina se apura a aprobarlo, inmediatamente después de eso, rige para el país". "El acuerdo le ha vuelto a dar sentido al Mercosur", manifiestó Pinedo. "El acuerdo MS UE es una acuerdo de asociación estratégica, no solo de comercio. Medir el impacto del acuerdo solo por el saldo que porduce en la balanza comercial es un e...

Sin conflicto de poderes, Ejecutivo vs Judicial

Buen racconto de Sergio Crivelli sobre los últimos Siete Días en laprensa.com.ar
Gobierno vs. jueces federales: otra semana bajo los tres palos
28.12.2014
Seguidilla de reveses para CFK ante el único adversario que está a su altura: el Poder Judicial. A tribunales Lázaro Báez, Milani y fiscales propios. Triunfo de holdouts en Nueva York.
Por Sergio Crivelli

A la presidenta Cristina Fernández le va mucho mejor de lo que se esperaba algunos meses atrás. El dólar no se le escapó. También mejoró el control “político” de la calle: fueron evitados los “saqueos” con los que se suele desde 2001 celebrar la Navidad por estas playas y las encuestas  registran esa mejoría. Tanto las encargadas por el gobierno como por candidatos opositores.

Sin embargo, hay un frente en el que las derrotas no se detienen, el judicial. Las causas por corrupción manejadas por jueces que no le responden están llenado de ira a la presidenta y de temor a funcionarios que se preguntan si no terminarán por caer en la volteada que un desafortunado manejo político agravó más allá de los límites imaginables apenas unos meses atrás.

Un breve inventario de las desventuras judiciales del kirchnerismo muestra como apenas un puñado de jueces federales lo tiene desde hace semanas en un arco. El lunes pasado la Cámara Federal  le ordenó al juez Sebastián Casanello que dirija la investigación por lavado de dinero en la que están involucrados Elaskar y Fariña hacia Lázaro Báez. Los miembros de la sala II no se anduvieron con eufemismos y le pidieron que le apunte al empresario k. Casanello se había convertido en blanco de críticas por demoras en la investigación y por investigar valijeros en lugar del principal sospechado de fugar 55 millones de euros.

El mismo día el juez Claudio Bonadio declaró en rebeldía y comenzó el trámite de desafuero del fiscal antilavado Carlos Gonella por no presentarse en su juzgado. Gonella quiso recusarlo, pero fracasó. El caso es por violación del secreto de un expediente judicial, pero lo relevante es que Gonella responde a la procuradora Gils Carbó y es considerado un peón del kirchnerismo en tribunales.

Sus desventuras son un llamado de atención para quienes quieran alinearse con el gobierno.

Al día siguiente el fiscal Guillermo Marijuan le pidió a Casanello la indagatoria de Báez por la compra de un campo en Mendoza. Se tomó dos años para hacerlo, pero es el primer impacto directo sobre el empresario que ganaba todas las obras públicas y alquilaba habitaciones en los hoteles de la presidenta por millones de pesos sin ocuparlas.

La batalla en torno a Báez, que obligó a la familia presidencial a poner en orden la documentación de Hotesur, está cada vez más definida. Se busca probar un delito grave, el lavado de dinero. De un lado están los jueces y fiscales que investigan sin acatar órdenes del gobierno. Del otro, los sospechosos, que carecen de estrategia. A Gonella, por ejemplo, se le ocurrió la idea de defenderse invocando la “libertad de expresión”. Lo representará el CELS.

El mismo martes un fiscal tucumano pidió la indagatoria del jefe del Ejército, César Milani, por la desaparición en los 70 de un conscripto que era su asistente y que él declaró desertor. El problema aquí no es la corrupción, sino los derechos humanos y el papel que Milani parece haber asumido en el entorno presidencial. Podrá alegarse que tanto la corrupción como los derechos humanos no tienen peso en el ánimo de los votantes, pero Milani era la apuesta más importante de la presidenta en materia de inteligencia y, después de descabezada la ex SIDE, se esperaba que controlase el área tal vez más sensible del gobierno. Ahora está a tiro del procesamiento.

Por último, pero no menos importante, el infausto martes 23 también hubo un fallo adverso en la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Ese tribunal habilitó a los jueces norteamericanos a buscar activos del estado y de funcionario argentinos para embargarlos. Es un arma poderosa en manos de los holdouts para presionar al gobierno y puede convertirse en una fuente de información invalorable en plena campaña electoral.

¿Cómo responde el gobierno a esta ofensiva que no lo deja pasar la mitad de la cancha? Con jugadas de dos tipos: 1) promoviendo escándalos similares que afecten a terceros. Por ejemplo, la comisión bicameral para investigar fuga de divisas a través del HSBC. Por ejemplo, adelantar al año próximo el juicio oral por la causa AMIA en la que están involucrados Carlos Menem, Hugo Anzorreguy y el `Fino' Palacios. La idea (muy primaria) es ocultar un elefante entre otros elefantes. 2) nombrar fiscales y jueces que le respondan. Para esto último, sin embargo, ya parece demasiado tarde.­

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