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Quiénes son los abogados de Argentina detrás del negocio multimillonario del juicio eterno
Jonathan Blackman, abogado del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, no se bancó que lo acusaran de hacerse un “festín” con la Argentina y de ser “el verdadero buitre” en la disputa entre el país y los holdouts en Nueva York. Fue la primera vez que reaccionó en una audiencia ante Griesa y exigió que los lobbystas de ATFA dejen de agraviarlo. Fue una actitud que nunca se le vio para defender a Argentina.
La feroz crítica de la American Task Force Argentina sobre la actuación de Blackman no difiere demasiado de algunos pases de factura que surgieron hace algunas semanas en el seno del Gobierno acerca de cierta actitud pasiva de Cleary en la defensa de Argentina. En ambos casos, el trasfondo de la crítica gira en torno a la estrategia del estudio para prolongar el juicio el máximo posible y hacerse de suculentos honorarios.
ATFA recordó que Blackman junto a Carmine Boccuzzi y Carmen Corrales fueron quienes elaboraron un memo en el que recomendaron al Ministerio de Economía forzar el default y luego lanzar un nuevo canje de deuda. Si Argentina acepta ese consejo no hará otra cosa que desencadenar una nueva ola de juicios y Cleary seguirá embolsando eternos honorarios.
Los antecedentes de Cleary
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton fue fundado en Nueva York en 1946 por Henry J. Friendly, un ex juez de la Corte de Apelaciones para el Segundo Distrito de esa ciudad, el mismo tribunal que condenó a Argentina. Además de Friendly, los otros fundadores fueron George Ball, ex subsecretario de Estado y embajador en las Naciones Unidas, y Fowler Hamilton, ex director de la Agencia para el Desarrollo Internacional.
El estudio abrió en 1971 sus oficinas en Londres, lo que lo situó en una posición de liderazgo en Europa, acompañado del prestigio que adquirió por su vínculo con Jean Monnet, el padre de la Comunidad Económica Europea.
Actualmente, Cleary está integrado por 1.200 abogados y figura en el puesto 8 de los cien estudios más prestigiosos de los Estados Unidos. Tiene sedes en más de diez países, incluyendo la Argentina, donde ocupan el cuarto piso de Quintana 529, en pleno Recoleta. Además de Blackman y Bocuzzi, el otro abogado que trabaja directamente para Argentina es Derek M. Bush.
El vínculo de Cleary con los gobiernos de Latinoamérica es de larguísima data. Cuando se estructuró el Plan Brady entre 1990 y 1995, el estudio se encargó de las negociaciones y asesoró a los países deudores como México, Argentina, Chile, Uruguay y Ecuador. Luego, continuó el asesoramiento a estos países, y también se sumó a Brasil y Bolivia.
Además de esos países, Cleary tiene entre sus clientes a las instituciones bancarias y financieras más importantes del mundo, como el Citibank, ABN AMRO, Citigroup Global Markets, Bank of America, HSBC, Goldman Sachs, Royal Bank of Canada, Deustche Bank, BN Paribas, Credit Suisse, Credit Lyonnais, BBVA, Societé Generale, entre otras. Algunos de esos bancos, hoy negocian para comprarle la deuda argentina a los buitres.
El contrato con Argentina
“Que por el Artículo 3° del Decreto N° 749 de fecha 3 de mayo de 2002, se aprueba la contratación del estudio CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON para desarrollar, entre otras, tareas de asesoramiento jurídico en las negociaciones con los acreedores externos, teniendo en cuenta para ello que desde el año 1989 —comienzo de las negociaciones que derivaron en el Plan Financiero 1992 ("Plan Brady")— la REPUBLICA ARGENTINA es asesorada por el mencionado estudio jurídico; tarea que ha incluido servicios en todas las operaciones de crédito público realizadas en los mercados financieros de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y EUROPA, desde el año 1992 hasta la fecha”, afirma el decreto 319/2004.
Mediante ese decreto, Néstor Kirchner y Roberto Lavagna comenzaron el proceso para comenzar a negociar la deuda defaulteada en 2001. Es decir que Cleary asesora al país interrumpidamente desde hace al menos diez años, cuando empezó el proceso de reestructuración que hace diez días terminó con un nuevo default.
El decreto 319 explicita en su artículo 5 inciso D las comisiones de los bancos intervinientes (algunos de los cuales son clientes de Cleary) y, en el artículo 4 inciso D, define los honorarios de los abogados como “honorarios razonables” y los vincula a las comisiones. Un abogado especializado explicó a LPO que no puede saberse cuánto cobran hoy por los litigios, y estimó como lógico que estén cobrando por hora. En el Gobierno algunos sostienen que hasta ahora se habrían hecho con unos 100 millones de dólares.
En ese decreto, Argentina reconoce expresamente la competencia de tribunales federales y locales de New York, y puede verse claramente el léxico del estudio Cleary, que venía asesorando a Argentina desde 1998. Lo curioso es que esos mismos abogados ahora recomiendan exactamente lo contrario: defaultear la deuda con legislación estadounidense.
En resumen, los mismos abogados que ahora defienden al país son los que prepararon el marco legal del primer canje de deuda y, por ende, son los responsables de algunos de los problemas que terminaron comprometiendo al país. Por ejemplo, un abogado explicó a LPO que prescindieron de figuras básicas del derecho comercial como las que se usan en las quiebras: a determinada mayoría que acepta la reestructuración de una deuda, el acuerdo es obligatorio para el cien por ciento de los acreedores.
Cleary también asesoró en el canje de 2010 y, por supuesto, en el juicio a los buitres, donde Argentina perdió todas las instancias y hasta cometieron el error de avisar que no se cumpliría la sentencia. Pero además, hace apenas un año, la Corte de Apelaciones de Nueva York les avisó que si Argentina pagaba sólo a los acreedores reestructurados, frenaría la transferencia y prohibiría que los bancos ejecuten pagos. Lo que finalmente sucedió y llevó al país al default.
En definitiva, el país siguió todos los pasos que recomendó Cleary y nunca le salió bien. Hoy, los abogados neoyorkinos apuestan todo a que Argentina vaya hacia una nueva reestructuración de deuda para evadir la sentencia y poder pagar aquí a los acreedores que aceptaron el canje. No hace falta decir que eso abrirá la puerta a una nueva andanada de juicios en la que el Gobierno necesitará de la defensa del propio Cleary.
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