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Queda poco por realizar para terminar de efectuar el llamado "giro al pragmatismo" que venimos anunciando desde hace casi un año. Esta es una medida muy importante en esa dirección. Faltan unos cuantos detalles. Lo importante es que llegue a normalizar su acceso al crédito en los mercados internacionales.+)
El Gobierno puso en marcha un plan masivo para reducir los subsidios al gas y al agua en los próximos seis meses . La medida, que está entre las más antipáticas dentro del manual del kirchnerismo y se tomó luego de varias marchas y contramarchas, provocará aumentos de hasta 406% en las boletas de agua de la región metropolitana y de hasta 284% en el caso del gas en el nivel nacional, según la información que se difundió ayer de manera oficial.
El ajuste en marcha // En gas afecta a 8 millones de usuarios y en agua, a 2 millones
Amplia reducción de subsidios: sube hasta 284% la tarifa de gas y 406% la de agua
De Vido y Kicillof anunciaron ayer la aplicación del mayor aumento en servicios públicos en diez años; quienes bajen por lo menos 20% el consumo de gas no estarán afectados; los clientes de Aysa estarán casi todos incluidos
Los ajustes afectarán a más de ocho millones de clientes de gas y a poco menos de dos millones de conexiones en el caso del agua.
Los ministros de Economía, Axel Kicillof , y de Planificación, Julio De Vido , encabezaron el anuncio, que se hizo en el microcine del Palacio de Hacienda. Durante dos horas, explicaron las bondades de la política de subsidios, que el kirchnerismo mantiene desde 2003 y ahora parece dispuesto a revisar; repitieron que no se trataba de un ajuste y hasta consideraron que el eventual aumento en las facturas tendrá un efecto positivo sobre la inflación.
Ambos, también, hicieron especial esfuerzo en no expresar los futuros aumentos bajo la forma de porcentajes, se enojaron con los cronistas de distintos medios ante las preguntas sobre ese punto y prefirieron hablar de números absolutos.
De acuerdo con la presentación de De Vido, un usuario de gas que hoy paga $ 20 (un 27% de los usuarios) por bimestre sufrirá una reducción de subsidios de $ 8 a partir del consumo de abril, de $ 6 en junio y de otros $ 6 a partir de agosto. En total, sufrirá un recorte en los aportes del Estado a su consumo de 17%, que equivalen a $ 20. Así, deberá pagar $ 40 al final del período; es decir, un 100% más que en su última factura.
Para un usuario que gasta $ 44 por bimestre, la quita de subsidios será de $ 76 (un 23%), por lo que deberá desembolsar 172% más que ahora.
Mientras tanto, quienes pagan $ 325 por bimestre, conocidos en la jerga del sector como clientes R3-4 (los de mayor consumo), tendrán una reducción de 80% en los subsidios, que equivale a $ 825. Pagarán para el consumo de agosto $ 1175; es decir, 261% más. Esa categoría incluye a clientes de gas con consumos superiores al ejemplo. Por eso, aunque los ministros no lo especificaron, las subas podrían ser mayores para ellos.
La quita de subsidios al gas tendrá un fuerte efecto en el GNC, el combustible que utilizan principalmente taxis y remises. El valor del insumo en boca de pozo (mayorista) pasará de $ 0,5983 el metro cúbico (m3) a $ 0,7324, con una suba de casi 23%. Ese ítem explica más de un 90% del costo final del insumo para las estaciones de servicio, que en la Capital Federal lo venden a razón de $ 2,5. Las estaciones suelen poner los precios que creen convenientes, con mucha variación según las zonas, por lo que se estima que pasarán los mayores costos al valor final de venta.
Mientras tanto, un usuario barrial de Aysa (de las zonas menos acomodadas) que paga una factura bimestral de $ 27 afrontará una quita escalonada de 30% en los subsidios a partir de agosto, por lo que pagará $ 73, un 170% más. En la otra punta, un usuario enmarcado en la zona denominada "Alta", como Recoleta, Belgrano, Palermo u Olivos, sufrirá una quita de 80% y pagará una factura de $ 162, un 406% más que ahora.
POR EL AHORRO
La reducción de subsidios fue presentada como la "consolidación del uso racional y eficiente del gas natural y el agua". Esa premisa se basa en un premio que puso el Gobierno para quienes menos consuman.
Kicillof informó que "no habrá quita ni reducción alguna para quienes consigan reducir el consumo de gas un 20% en la comparación bimestral interanual, y también será gradualmente menor para los ahorros de consumo que oscilen entre 5 y 20%, lo que claramente representa un premio para el consumo responsable".
En el caso del agua, sin embargo, el incremento resultará inevitable.
Los recortes en los subsidios alcanzarían los $ 15.000 millones anuales, casi 12% de los 134.114 millones en subvenciones que el Estado transfirió en 2013. Pero De Vido y Kicillof ensayaron distintos argumentos para justificar que el recorte de subsidios a la energía no es un ajuste. El ministro de Economía sostuvo: "Es central explicar por qué hablamos de quita, pero con redistribución: lo que se genere de facturación adicional por la quita de subsidios se va a destinar íntegramente a cubrir los gastos de las distribuidoras y transportadores [para obras], pero lo que quede por encima de eso se destinará a la Asignación Universal por Hijo y al [plan] Progresar, por eso hablo de redireccionamiento".
En todos los casos se trata de iniciativas y programas que ya tienen asignadas partidas presupuestarias, por lo que es esperable una menor erogación del Tesoro. Además, como la mayor parte se destina a cubrir importaciones que se encarecieron tras la devaluación, es posible que el ajuste sirva sólo para compensar los mayores gastos del Estado.
El Gobierno elaboró una larga lista de usuarios exceptuados que no sufrirá quitas. Entre ellos, los beneficiarios de la AUH y los jubilados que perciban el haber mínimo. Tampoco los "pensionados ni quienes reciban asignaciones familiares con ingresos inferiores a 5200 pesos, pensiones no contributivas, subsidio por desempleo y quienes acrediten certificado de discapacidad", informó la Anses.
Las medidas casi no bajarán el déficit, pero afectarán el consumo
El estudio del economista Diego Petrecolla, presidente de la consultora GPR Economía, indica que, con las nuevas medidas, el rojo energético llegaría a US$ 6100 millones, frente a US$ 6700 millones del año pasado, con una reducción cercana al 0,5% del PBI respecto del 5% registrado en 2013. Si bien en estas páginas se justifica la necesidad del gradualismo en la aplicación de la suba de tarifas y del retiro de los subsidios, este informe detalla la verdadera magnitud del ajuste.
Petrecolla dijo a LA NACION que "el Gobierno seguirá aumentando las tarifas en etapas y tratará de reducir los subsidios a aquellos que mayores ingresos tienen, pero eso es bastante más difícil de implementar de lo que se cree" en los hechos.
Esta estrategia de recorte gradual "no contribuirá a reducir los subsidios en la magnitud que se necesita". Los subsidios alcanzaron 24.000 millones de dólares (5,3% del PBI) en 2013, de los cuales 17.000 millones corresponden al sector energético. Del total de subsidios asignados por el Estado, cerca de 80% correspondieron al sector energético.
Cammesa se llevó el 43% del total de los subsidios corrientes; el 38%, Enarsa; el 11%, los productores de crudo, y el 8%, para el resto del sector. De los subsidios totales, los de energía equivalieron al 3,6% del PBI (frente al 1,6% del transporte), con el mayor porcentaje correspondiente a Cammesa (con el 1,34%) y Enarsa (con el 1,24 por ciento del PBI).
La balanza energética, que había alcanzado su pico superavitario en 2006, entró en terreno negativo a principios de 2011, antes de que se adoptara el cepo cambiario.
Petrecolla aclaró que, si no se hubieran tocado los subsidios, a fin de año, la cuenta negativa habría sido de US$ 7000 millones, mientras que ahora, con este retiro parcial, llegaría a US$ 6100 millones.
"Con la hipótesis de elasticidad considerada, la reducción de los subsidios sería del orden de los US$ 570 millones anuales por reducción de importaciones de gas al precio marginal, que es el de GNL", se precisó en el informe de Petrecolla.
LA NACION le preguntó al economista si podía llegar a ocurrir algo que pasó en el sector del transporte, donde aumentó la tarifa, pero igualmente aumentan los subsidios. "No puede ocurrir esto, salvo que la demanda crezca por una suba en el PBI, lo que difícilmente sucederá. Las subas en la tarifas tendrán como consecuencia alguna reducción en el consumo y una caída en los subsidios", contestó.
¿Cómo se puede desarrollar un plan para proteger en forma efectiva a la población de bajos ingresos de una suba fuerte en las tarifas residenciales?, se le insistió. Según Petrecolla, "hay que implementar un sistema de tarifa social para que los subsidios lleguen sólo a los pobres y un programa de uso racional de la energía para ahorrar energía".
El economista dice no prever un ahorro fiscal significativo. "No, para nada; una parte del ahorro irá a los transportistas y distribuidoras, que no van a ganar más, sino que perderán menos. Y el resto, si sobrara, iría a la Asignación Universal por Hijo", afirmó.
Petrecolla concluyó que una revisión tarifaria en transporte y distribución tendría menor efecto sobre la tarifa final que la eliminación de los subsidios mayoristas. En este caso, los subsidios podrían pasar del 5,3 al 2,8% del PBI, mientras que el aumento de tarifas en ambos sectores implicaría una caída del déficit energético del 45 por ciento.
Habrá que ver cómo y cuándo el Gobierno agrega el capítulo de la electricidad a este ajuste en etapas..
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