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Fuente: cronista.com
De esta manera, el presidente de la CNV se sumó a la cruzada del Gobierno que el jueves dio a conocer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, al adelantar que analizan una batería de medidas tendientes a frenar el ejercicio de posiciones dominantes de distintos actores económicos que generan aumentos desmesurados y afectan el poder adquisitivo de los trabajadores. Dentro de esta lógica entraría el nuevo proyecto de ley presentado por el diputado oficialista Héctor Recalde que modifica las leyes de Lealtad Comercial, Abastecimiento y de Defensa del Consumidor y habilita al Poder Ejecutivo a declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación y a intervenir y disponer la venta de bienes para evitar el desabastecimiento haya o no caso de urgente necesidad pública (ver página 3).
Vanoli explicó que como una inquietud de muchas personas y organizaciones se ha mirado con preocupación la existencia de actitudes especulativas, por lo que la idea es ver de qué manera se puede poner coto a la especulación en aumentos injustificados de precios y en conductas especulativas en el mercado financiero.
Además, indicó que luego de la modificación del tipo de cambio hubo aumentos justificados por el impacto de la devaluación, pero también alertó que hubo algunos que respondieron a la política de a río revuelto ganancia de pescadores. En este punto, el titular de la CNV sostuvo que hay que ver cuáles son los márgenes de rentabilidad viables, porque consideró que no se puede permitir que haya este tipo de prácticas.
De esta manera, Vanoli volvió a hacer foco sobre la rentabilidad de las empresas, un día después de que Capitanich dejara entrever que el Gobierno iba a regular las tasas de ganancias. Sin embargo, tras esas declaraciones, ayer el jefe de Gabinete negó esa posibilidad aunque destacó el rol del Estado como regulador para evitar la formación de monopolios y oligopolios.
El Estado tiene la responsabilidad pero la sociedad civil tiene que colaborar, afirmó Vanoli en declaraciones a Radio Del Plata, al tiempo que puntualizó que la Comisión está tomando las medidas para identificar y sancionar posibles prácticas desestabilizadoras.
En este sentido, Vanoli explicó que el objetivo es elaborar iniciativas para mejorar el funcionamiento de la cadena de comercialización, apoyando los esfuerzos de la Secretaría de Comercio, y también impulsar mecanismos de control ciudadano.
No es un beneficio para el Gobierno, sino que se trata de cuestiones que afectan al bolsillo de la gente, agregó.
Para los agentes del mercado, no está del todo claro qué medidas podría tomar la CNV con respecto a los aumentos de precios en la economía real porque su campo de acción es el financiero, por lo que estiman que las firmas que podrían recibir sanciones son sólo aquellas que cotizan en bolsa.
Impulsado por el diputado Héctor Recalde, el proyecto aumenta diez veces las multas previstas en la Ley para quienes incrementen injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos. Esa y otras infracciones, como acaparar materias primas o no tener stock de productos con precios congelados, podrán ser penalizadas con multas de entre $ 5.000 y $ 10 millones; además de arresto por 90 días y clausura.
La iniciativa propone también modificar dos artículos de la Ley de Abastecimiento para que el Gobierno pueda disponer expropiaciones de bienes destinados a satisfacer las necesidades de la población sin necesidad de que exista un estado de emergencia económica; y lo habilita para determinar la venta de productos cualquiera sea su propietario sin que haya urgente necesidad pública, como establece actualmente la norma. Y es que en los fundamentos del texto los diputados consideran que la responsabilidad de satisfacer las necesidades esenciales de la población debe garantizarse también en situaciones de normalidad.
En línea con los proyectos del senador Aníbal Fernández, la iniciativa establece que las penalidades económicas deberán pagarse de forma inmediata y que eventuales apelaciones judiciales tendrán efecto devolutivo y no suspensivo. También propone modificar las leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial en el mismo sentido.
El objetivo del proyecto es que sea cumplido el espíritu de las leyes, que es cuidar la estabilidad, la razonabilidad y la previsibilidad de los precios, dándole plena efectividad a las penalidades, definió Recalde en declaraciones radiales. Para el abogado laboralista, el país atraviesa una situación excepcional, por lo que todos los habitantes deben ponerse la camiseta argentina y jugar el mundial contra la especulación, el desabastecimiento y la desestabilización.
Además de Recalde, el texto lleva las firmas de Diana Conti, Nancy Parrilli, Leonardo Grosso, Eric Calcagno y otra decena de diputados kirchneristas, quienes ratificaron en los fundamentos del proyecto que las diversas maniobras especulativas de ciertos sectores productivos y de comercialización que la Ley de Abastecimiento busca penar justifican el aumento de las facultades del Poder Ejecutivo.
Hay allí un punto sensible. Una eventual aplicación de la norma podría terminar en un embrollo judicial, dado que la Ley de Abastecimiento está cuestionada por la oposición porque era parte del paquete de facultades delegadas que cayeron en agosto de 2010.
Si el acopiador nos pide una carta de porte para sacar un camión de la planta se lo damos sin conocer si lo que está vendiendo se corresponde con las existencias declaradas. Ahora tendremos la información al instante porque estará todo online, dijo una fuente del organismo recaudador. Actualmente, para que la AFIP corrobore esa información debe realizar una inspección, que a partir de la nueva resolución no será necesaria.
El régimen entrará en vigencia a partir del 1º de abril para darle tiempo a las firmas a adecuar sus sistemas a las nuevas exigencias. Ese día los operadores deberán declarar las existencias registradas y desde ese momento la información de los movimientos deberá ser diaria el plazo para hacerlo es de 24 horas, lo que impone una nueva carga burocrática para las empresas.
Cuando se detecten inconsistencias en los datos informados o en caso de incumplimiento de la presente por cualquier otra causa dice la norma se podrá disponer la autorización parcial o denegar el expendio de las cartas de porte, en la asignación del Código de Trazabilidad de Granos y de los comprobantes de liquidación primaria de granos.
Para los productores, este régimen no plantea ningún cambio, ya que ellos sí estaban obligados a declarar sus existencias, y los permisos para vender (cartas de porte) se otorgan en relación con esas tendencias informadas. Sin embargo, los dirigentes de las entidades rurales se expresaron al respecto. Para nosotros es importante el control y fiscalización en la operatoria de toda la cadena, pero es necesario ampliar la base tributaria evitando la marginalidad y la evasión impositiva, consideró el presidente de Coninagro, Carlos Garetto.
Por su parte, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, advirtió que si el Gobierno quiere que haya mayor producción de granos, tiene que promoverla, no castigarla. Sobre el régimen de información de los productores, el dirigente de la Rural afirmó que hace años existe un sistema de registro determinado por la AFIP que estipula que en octubre tienen la obligación de declarar lo que les queda de cosecha vieja y luego declarar la nueva. Esto genera un stock y en base a eso se emiten las cartas de porte para poder trasladar los granos, explicó Etchevehere.
El Gobierno seguirá avanzando casilleros hacia un mayor control del sector, aunque para el agro ya se encuentra en la última etapa. El próximo paso, según adelantaron en AFIP, será la sistematización del certificado 1116 A, que es el documento que le entrega el acopiador al productor cuando le entrega los granos.
“En el mercado de futuros de Rosario vos podes comprar dólares a 7,75 y para fin de abril a 8 pesos”.
Gobierno amenaza con regular ganancias y sancionar a empresas que suban precios
El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, aseguró ayer que el organismo está tomando medidas para identificar y sancionar posibles prácticas desestabilizadoras del orden económico, tanto por aumentos injustificados de precios como por conductas especulativas en el mercado financiero.
De esta manera, el presidente de la CNV se sumó a la cruzada del Gobierno que el jueves dio a conocer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, al adelantar que analizan una batería de medidas tendientes a frenar el ejercicio de posiciones dominantes de distintos actores económicos que generan aumentos desmesurados y afectan el poder adquisitivo de los trabajadores. Dentro de esta lógica entraría el nuevo proyecto de ley presentado por el diputado oficialista Héctor Recalde que modifica las leyes de Lealtad Comercial, Abastecimiento y de Defensa del Consumidor y habilita al Poder Ejecutivo a declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación y a intervenir y disponer la venta de bienes para evitar el desabastecimiento haya o no caso de urgente necesidad pública (ver página 3).
Vanoli explicó que como una inquietud de muchas personas y organizaciones se ha mirado con preocupación la existencia de actitudes especulativas, por lo que la idea es ver de qué manera se puede poner coto a la especulación en aumentos injustificados de precios y en conductas especulativas en el mercado financiero.
Además, indicó que luego de la modificación del tipo de cambio hubo aumentos justificados por el impacto de la devaluación, pero también alertó que hubo algunos que respondieron a la política de a río revuelto ganancia de pescadores. En este punto, el titular de la CNV sostuvo que hay que ver cuáles son los márgenes de rentabilidad viables, porque consideró que no se puede permitir que haya este tipo de prácticas.
De esta manera, Vanoli volvió a hacer foco sobre la rentabilidad de las empresas, un día después de que Capitanich dejara entrever que el Gobierno iba a regular las tasas de ganancias. Sin embargo, tras esas declaraciones, ayer el jefe de Gabinete negó esa posibilidad aunque destacó el rol del Estado como regulador para evitar la formación de monopolios y oligopolios.
El Estado tiene la responsabilidad pero la sociedad civil tiene que colaborar, afirmó Vanoli en declaraciones a Radio Del Plata, al tiempo que puntualizó que la Comisión está tomando las medidas para identificar y sancionar posibles prácticas desestabilizadoras.
En este sentido, Vanoli explicó que el objetivo es elaborar iniciativas para mejorar el funcionamiento de la cadena de comercialización, apoyando los esfuerzos de la Secretaría de Comercio, y también impulsar mecanismos de control ciudadano.
No es un beneficio para el Gobierno, sino que se trata de cuestiones que afectan al bolsillo de la gente, agregó.
Para los agentes del mercado, no está del todo claro qué medidas podría tomar la CNV con respecto a los aumentos de precios en la economía real porque su campo de acción es el financiero, por lo que estiman que las firmas que podrían recibir sanciones son sólo aquellas que cotizan en bolsa.
El kirchnerismo busca endurecer la Ley de Abastecimiento
El kirchnerismo sigue sumando proyectos legislativos para acompañar al programa Precios Cuidados. Esta vez desde la Cámara de Diputados y con la firma de varios de los principales referentes del Frente para la Victoria, apunta a endurecer la Ley de Abastecimiento para ampliar las facultades sancionatorias e intervencionistas del Ejecutivo. El texto, presentado ayer, será tratado a partir de marzo en el Congreso y propone que el Gobierno pueda dictar expropiaciones de bienes sin necesidad de que exista un estado de emergencia económica.
Impulsado por el diputado Héctor Recalde, el proyecto aumenta diez veces las multas previstas en la Ley para quienes incrementen injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos. Esa y otras infracciones, como acaparar materias primas o no tener stock de productos con precios congelados, podrán ser penalizadas con multas de entre $ 5.000 y $ 10 millones; además de arresto por 90 días y clausura.
La iniciativa propone también modificar dos artículos de la Ley de Abastecimiento para que el Gobierno pueda disponer expropiaciones de bienes destinados a satisfacer las necesidades de la población sin necesidad de que exista un estado de emergencia económica; y lo habilita para determinar la venta de productos cualquiera sea su propietario sin que haya urgente necesidad pública, como establece actualmente la norma. Y es que en los fundamentos del texto los diputados consideran que la responsabilidad de satisfacer las necesidades esenciales de la población debe garantizarse también en situaciones de normalidad.
En línea con los proyectos del senador Aníbal Fernández, la iniciativa establece que las penalidades económicas deberán pagarse de forma inmediata y que eventuales apelaciones judiciales tendrán efecto devolutivo y no suspensivo. También propone modificar las leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial en el mismo sentido.
El objetivo del proyecto es que sea cumplido el espíritu de las leyes, que es cuidar la estabilidad, la razonabilidad y la previsibilidad de los precios, dándole plena efectividad a las penalidades, definió Recalde en declaraciones radiales. Para el abogado laboralista, el país atraviesa una situación excepcional, por lo que todos los habitantes deben ponerse la camiseta argentina y jugar el mundial contra la especulación, el desabastecimiento y la desestabilización.
Además de Recalde, el texto lleva las firmas de Diana Conti, Nancy Parrilli, Leonardo Grosso, Eric Calcagno y otra decena de diputados kirchneristas, quienes ratificaron en los fundamentos del proyecto que las diversas maniobras especulativas de ciertos sectores productivos y de comercialización que la Ley de Abastecimiento busca penar justifican el aumento de las facultades del Poder Ejecutivo.
Hay allí un punto sensible. Una eventual aplicación de la norma podría terminar en un embrollo judicial, dado que la Ley de Abastecimiento está cuestionada por la oposición porque era parte del paquete de facultades delegadas que cayeron en agosto de 2010.
Mayor control al agro: la AFIP obliga a informar movimientos de granos diariamente
En medio de los fantasmas que persiguen al agro vinculados con la vuelta de la Junta Nacional de Granos y las crecientes presiones a los productores para que vendan y a los exportadores para que liquiden, el Gobierno avanzó ayer con un mayor control al sector por parte de la AFIP, al crear un nuevo régimen de registración informática de movimientos y existencias de granos. Mediante la resolución general 3593, publicada ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno obliga a los acopiadores y las industrias a informar los movimientos y existencias de cereales, oleaginosas y legumbres secas sean propias o de terceros mediante sistema, cuando hasta ahora se realiza de manera manual.
Si el acopiador nos pide una carta de porte para sacar un camión de la planta se lo damos sin conocer si lo que está vendiendo se corresponde con las existencias declaradas. Ahora tendremos la información al instante porque estará todo online, dijo una fuente del organismo recaudador. Actualmente, para que la AFIP corrobore esa información debe realizar una inspección, que a partir de la nueva resolución no será necesaria.
El régimen entrará en vigencia a partir del 1º de abril para darle tiempo a las firmas a adecuar sus sistemas a las nuevas exigencias. Ese día los operadores deberán declarar las existencias registradas y desde ese momento la información de los movimientos deberá ser diaria el plazo para hacerlo es de 24 horas, lo que impone una nueva carga burocrática para las empresas.
Cuando se detecten inconsistencias en los datos informados o en caso de incumplimiento de la presente por cualquier otra causa dice la norma se podrá disponer la autorización parcial o denegar el expendio de las cartas de porte, en la asignación del Código de Trazabilidad de Granos y de los comprobantes de liquidación primaria de granos.
Para los productores, este régimen no plantea ningún cambio, ya que ellos sí estaban obligados a declarar sus existencias, y los permisos para vender (cartas de porte) se otorgan en relación con esas tendencias informadas. Sin embargo, los dirigentes de las entidades rurales se expresaron al respecto. Para nosotros es importante el control y fiscalización en la operatoria de toda la cadena, pero es necesario ampliar la base tributaria evitando la marginalidad y la evasión impositiva, consideró el presidente de Coninagro, Carlos Garetto.
Por su parte, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, advirtió que si el Gobierno quiere que haya mayor producción de granos, tiene que promoverla, no castigarla. Sobre el régimen de información de los productores, el dirigente de la Rural afirmó que hace años existe un sistema de registro determinado por la AFIP que estipula que en octubre tienen la obligación de declarar lo que les queda de cosecha vieja y luego declarar la nueva. Esto genera un stock y en base a eso se emiten las cartas de porte para poder trasladar los granos, explicó Etchevehere.
El Gobierno seguirá avanzando casilleros hacia un mayor control del sector, aunque para el agro ya se encuentra en la última etapa. El próximo paso, según adelantaron en AFIP, será la sistematización del certificado 1116 A, que es el documento que le entrega el acopiador al productor cuando le entrega los granos.
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Mientras tanto, intentan reducir los subsidios energéticos, acotar las paritarias, particularmente la docente; acordar con Repsol, con la banca internacional, financiar YPF para desarrollar Vaca Muerta y evitar un default provocado ir un fallo en los EE. UU.
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Aprovechamos para copiar un audio clave. La entrevista que dio Miguel Bein, economista de consulta de Daniel Scioli, en la que anunciaba que la corrida cambiaria se terminó.
Miguel Bein: “La próxima batalla es la puja distributiva”
21 Febrero, 2014 // Entrevistas“En el mercado de futuros de Rosario vos podes comprar dólares a 7,75 y para fin de abril a 8 pesos”.
“El mercado está diciendo que la corrida se terminó”.
“Todos los años es difícil el puente porque en febrero y en marzo no tenemos una oferta exportadora importante”.
“La superproducción, el drama de los últimos 20 días terminó”.
“10 puntos subieron la tasa de interés”.
“Una medida demoledora del Banco Central que obligó a los bancos a disminuir sus tenencias de dólares”.
“Todo genera un cambio de expectativa de corto plazo”.
“La facilidad para reacomodarse es mayor”.
“La mayoría de los economistas tampoco veía que la corrida se había terminado”.
“Tenes un sistema financiero bastante chico pero algo juega”.
“Se hace para que las empresas que tomaban crédito y no vendían sus dólares ahora vendan sus dólares”.
“Para que los productores o los acopiadores que tenían alguna soja retenida ahora cancelen el descubierto en el banco”.
“La próxima batalla es la puja distributiva”.
“El primer test está en un tema que estoy ahora conociendo por mis diálogos con el gobernador, en los docentes de la provincia de Buenos Aires”.
“Todos los años es difícil el puente porque en febrero y en marzo no tenemos una oferta exportadora importante”.
“La superproducción, el drama de los últimos 20 días terminó”.
“10 puntos subieron la tasa de interés”.
“Una medida demoledora del Banco Central que obligó a los bancos a disminuir sus tenencias de dólares”.
“Todo genera un cambio de expectativa de corto plazo”.
“La facilidad para reacomodarse es mayor”.
“La mayoría de los economistas tampoco veía que la corrida se había terminado”.
“Tenes un sistema financiero bastante chico pero algo juega”.
“Se hace para que las empresas que tomaban crédito y no vendían sus dólares ahora vendan sus dólares”.
“Para que los productores o los acopiadores que tenían alguna soja retenida ahora cancelen el descubierto en el banco”.
“La próxima batalla es la puja distributiva”.
“El primer test está en un tema que estoy ahora conociendo por mis diálogos con el gobernador, en los docentes de la provincia de Buenos Aires”.
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