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Pasado el inesperado y necesitado triunfo que significó para el gobierno la confirmación de la alta efectividad de la vacuna rusa, el gobierno enfrenta un frente de conflicto interno en el plano económico que necesita ser atendido con urgencia: la inflación. Por eso convocará a los empresarios y a los sindicatos a una reunión en la Casa Rosada para el próximo miércoles a fin de acordar la suba de salarios y la fijación de los precios máximos. Concluída la calma inflacionaria que ofreció el 2020 producto del parate económico y con el foco en los comicios de medio término de octubre, el Gobierno intentará contener dicha aceleración. Apuesta a seguir las pautas inflacionarias que refleja el Presupuesto 2021, ofreciendo aumentos salariales alrededor de un 30%, contra las expectativas privadas que sitúan la inflación rondando los 50 puntos porcentuales. En este marco, el gobierno hizo trascender la foto del encuentro del Presidente Fernandez con Sergio Palazzo, titular del gremio de los bancarios, que cerró una paritaria con una mejora del 29% para los salarios de este año. Esa es la foto que quieren ver replicada en las próximas semanas.
En el corto plazo la estrategia es clara y muy parecida a la que usó CFK en el período 2011-15, cuando también había cepo cambiario. Es el plan que encomendó públicamente la mismísima Vicepresidenta en el acto de diciembre en La Plata. Consiste en tres patas cortas que son: el control de precios (vía acuerdos, congelamientos, restricciones, o retenciones), pisar tarifas e intentar atrasar el tipo de cambio. Son cortas porque son insostenibles en el tiempo, ya que desajustan los precios relativos e incrementan el déficit fiscal.
Esta semana también fuimos testigos de una relativa pax cambiaria: por primera vez en diez meses, el dólar blue cerró por debajo del oficial, tal como ilustra el gráfico de El Cronista. Pero esto tampoco fue producto de una mayor confianza de los argentinos en el peso sino tal vez en las restricciones vigentes. Willy Laborda lo atribuye la calma del dólar blue al alza de “exportaciones blue”; es decir, a los dólares que ingresan al país a través del mercado informal.
El Ministro Guzmán auguró, en C5N, un posible acuerdo con el FMI para el mes de mayo; dijo que sería un “plazo aceptable”. En consonancia con los cálculos de Guzmán, el FMI ratificó que están trabajando para hacer todo lo posible para cumplir con los plazos que planteó el Ministro. Más allá de las conjeturas de ambos lados, será necesario alguna prueba contundente de que el Gobierno está dispuesto a pasar del terreno de las promesas de consistencia y austeridad macro al terreno de la acción, si se pretende evitar nuevas rondas de desconfianza y corrida contra las reservas y depreciación del peso.
El INDEC publicó el pasado jueves el Índice de Producción Industrial Manufacturero correspondiente a diciembre 2020. Reflejó un aumento de casi 5% en términos interanuales, y de 0,9% contra noviembre, pero una caída general de 7,9% en el cierre del año de la pandemia, contra el acumulado de 2019.
En donde hay que poner la lupa es en el sector de la construcción, que presenta aumentos significativos (27,4% interanual) y se está convirtiendo en el principal impulsor de la recuperación industrial. Su impulso podría generar un efecto derrame positivos en ramas industriales asociadas al aprovisionamiento de insumos, además de ser una fuente rápida de creación de puestos de trabajo. Todo esto en el marco de un programa de obra pública que se anticipa “récord” justo en la antesala de las elecciones de octubre.
Es de esperar que después del histórico frenazo que sufrió la actividad económica en 2020 (con una caída estimada en el orden de 10.5% anual) se produzca un rebote. Pero rebote no es sinónimo de crecimiento. Pasado el efecto rebote, no queda claro cuáles serán los conductores del crecimiento en ausencia de un cambio de expectativas y de un programa económico integral.
El gobierno empieza a pensar en la transición entre campañas: de la sanitaria a la electoral. Podríamos afirmar que la segunda depende en alguna medida de la primera.
La postura de los Gobernadores respecto de la suspensión de las PASO sigue vigente. Pero Máximo Kirchner ofrece una propuesta superadora, un traje a medida de La Cámpora: unificar las PASO y las generales en un mismo día; una aberración legal. Los que abogan por las PASO rechazan esta idea y proponen retrasar el calendario electoral. La realidad es que cualquiera de las opciones del menú requieren una ley emanada del Congreso con mayoría absoluta; es decir que suponen un acuerdo con algún sector de la oposición, una vez que haya consenso interno en el Frente de Todos (FdT). Son definiciones que se darán en los próximos días. Mientras tanto, CFK ya promueve sus propias definiciones electorales desde el Senado: pasado el receso estival, estrenó el pasado jueves el período de sesiones extraordinarias con la aprobación del pliego del juez Ramos Padilla para un juzgado federal clave que tiene competencia electoral sobre toda la provincia de Buenos Aires. El magistrado cosechó el rechazo de la oposición, por considerarlo un “juez militante”.
Siguiendo la lógica del gobierno parlamentarista vicepresidencial -término que utiliza el periodista Jorge Liotti para describir el mecanismo de influencia de CFK en su gobierno- cabe destacar un proyecto impulsado por el kirchnerismo duro de la Cámara Alta que también obtuvo media sanción: el que modifica la Ley de Defensa del Consumidor y que le otorgar al Poder Ejecutivo -ergo, al poder político de turno- el control del tribunal que tiene a su cargo analizar situaciones de monopolio y autorizar los procesos de fusiones y adquisiciones empresarias, en lugar de hacerlo por concurso, como preveía la norma hasta ahora. Además de la oposición del Senado, el proyecto es resistido por sectores profesionales y empresarios que han advertido sobre el impacto que el nuevo esquema podría tener sobre las inversiones. Todavía le resta la media sanción de la Cámara de Diputados, donde Sergio Massa todavía negocia con la oposición el protocolo de sesiones para poder habilitar el temario de las extraordinarias.
CFK también apura estos días la aprobación en bloque de los Embajadores en Cuba, Bolivia y China, que son tres perfiles muy vinculados al kirchnerismo:
El ex dirigente socialista Ariel Basteiro volverá a ser embajador en Bolivia, como durante el último gobierno de CFK, cuando llevó a cabo las negociaciones bilaterales con Evo Morales. Ahora hará lo propio con su entonces Ministro de Economía.
Luis Ilarregui es el candidato para la embajada de Cuba. Poco conocido en los medios, es un hombre que responde al perfil del primer kirchnerismo y muy cercano a Nestor Kirchner. Fue el primer intendente peronista de la localidad bonaerense de Ayacucho.
Sabino Vaca Narvaja será confirmado en la Embajada de China, en reemplazo de Luis María Kreckler, desplazado en diciembre. Es un militante clásico del peronismo. Pero tiene nexos aceitados con el Partido Comunista, derivados de una sesuda formación sobre la cultura china. Viene trabajando en acuerdos estratégicos que se dejaron trascender estos días, que se analizan más abajo. Pero que hacen que en el norte de América se sospeche que es una pieza del ajedrez chino antes que un funcionario argentino.
La principal negociación con China es alrededor de la vacuna Sinopharm. El gobierno negocia un acuerdo para traer 30 millones de dosis al país, con una entrega urgente de un millón de dosis para el corriente mes. Por otro lado, paralelamente se trabaja en un plan maestro de inversiones chinas en Argentina; se trata de un programa de 15 proyectos a mediano plazo financiados por el gigante asiático, en infraestructura, energía y transporte, que sumarían unos 30.000 millones de dólares. Se trata de proyectos tales como la construcción de la central nuclear IV, la instalación de granjas porcinas inteligentes, plantas hidroeléctricas y de energía fotovoltaica, entre otros. Una de las áreas de inversión más atractiva es la minería, el cobre y el litio; en ese sentido, se está trabajando en un acuerdo específico con la empresa china Jiangsu Jiankang Automobile para impulsar la industria de vehículos eléctricos en el país a partir de baterías de litio, lo que permitirá industrializar el metal que posee Argentina en una de las reservas más grandes del mundo. El gobierno ya trabaja en planes de promoción para que las empresas instalen y desarrollen el litio en el país, como ser el marco normativo para la electromovilidad.
Hacia adelante, el gobierno chino confía en poder desembarcar con Huawei con la tecnología 5G en las telecomunicaciones en Argentina. El primer paso lo dieron la semana pasada con la firma del cable submarino transpacífico, curiosamente impulsado por los chilenos. Esta semana Telecom encendió la primera red 5G en Argentina, con 10 antenas móviles de Personal: cinco en CABA con la china Huawei, y otras cinco con tecnología Nokia en la ciudad de Rosario.
En la política latinoamericana la foto más importante de la semana tuvo como protagonistas a los presidentes Jair Bolsonaro y Luis Lacalle Pou, en Brasilia. De hecho, fue el primer viaje oficial del presidente uruguayo desde que asumió. De esa manera, rompió así la tradición de que el primer viaje se haga a la Argentina. Todo un mensaje. La palabra que más trascendió del encuentro fue “flexibilización”. Ambos buscan poder eliminar la Decisión CMC 32/00, normativa que prevé que toda decisión con terceros países se haga siempre en bloque, de forma unánime. Cabe recordar que en abril, Argentina se retiró de las negociaciones de tratados comerciales con terceros países como Corea del Sur, Canadá, India, Singapur, lo que significó un bloqueo a las mismas. Hay que tener en cuenta también que si hay voluntad política conjunta para modificar dicha norma que emana del Tratado de Asunción quiere decir que están dispuestos a modificar la base jurídica e institucional del Mercosur. Paradójicamente se habló también de un encuentro de los cuatro presidentes para fines de marzo en ocasión del aniversario del Tratado de Asunción, lo que ratifica la importancia del bloque.
El domingo pasado hubo elecciones en Ecuador, presidenciales y legislativas. Tal como previeron las encuestas, ganó el candidato del ex Presidente Correa pero no alcanzó el piso necesario y hay una segunda vuelta. La sorpresa que no dijeron las encuestas es un empate técnico entre los candidatos Lasso (banquero, de derecha) y el candidato del movimiento indígena, Yaku Perez. La segunda vuelta será el 11 de abril y Arauz se enfrentará con Lasso o Perez, tal como indique el escrutinio definitivo. Las elecciones se dieron en el marco de un país arrasado por la pandemia, con imágenes que recorrieron todo el mundo que ilustraban la saturación del sistema de salud y el desamparo de las víctimas de Covid-19 en las calles ecuatorianas. También es menester recordar que en 2019 Ecuador fue escenario de revueltas sociales ante el recorte de subsidios a las petroleras, como requisito del programa del FMI para el acceso al financiamiento. Acechados por la pandemia y ante la caída histórica del precio del petróleo, este año se renegoció la deuda con el FMI, lo que indica que el sucesor de Lenin Moreno también deberá lidiar con las distintas reformas fiscales y tributarias que son parte de las obligaciones asumidas por el país con el organismo de crédito. El ballotage definirá si regresa la izquierda y Rafael Correa vuelve al poder, o si se reconfigura un esquema de alianzas que lo impida.
En el norte, el flamante Presidente Joe Biden apura y negocia con la oposición el paquete de rescate económico en el Congreso, con la meta económica en la mira: full employment. Pero a la vez trabaja en la política exterior de su gobierno, tal como lo expuso en su discurso ante el staff del Departamento de Estado – “America is Back; Diplomacy is back”. En sus palabras, Biden volvió a colocar a EE.UU. en el centro de la diplomacia mundial, con un fuerte llamado a fortalecer las alianzas democráticas. Condenó firmemente a Rusia en la intromisión en las elecciones estadounidenses y ataques cibernéticos, y en el envenenamiento y detención de Navalny. Pero anunció también la renovación del acuerdo nuclear con Rusia por cinco años más, tal como adelantamos en la edición pasada de este boletín. También anunció el fin de la venta de armas norteamericanas a Arabia Saudita para la Guerra de Yemen, por considerar la guerra un desastre humanitario, aunque seguirá apoyándola en su reclamo de soberanía contra los ataques iraníes y rusos. De esta manera dejó entrever una estrategia diplomática de “soft power”.+)
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